23/07/2026
El caso de Rocky ha despertado indignación en todo el país, y con razón. Quien comete un acto de crueldad debe responder ante la ley. Exigir justicia no solo es válido, es necesario.
Pero cada vez que ocurre un caso como este me hago la misma pregunta:
¿Por qué solo reaccionamos cuando la violencia ya ocurrió?
Nos movilizamos para pedir castigos más severos, pero hablamos muy poco de cómo evitar que existan más casos como Rocky.
El Estado no debe limitarse a actuar eficientemente sobre delitos consumados. También debe ser el principal instrumento de educación y prevención, brindando herramientas para que las comunidades disminuyan los niveles de crueldad, promoviendo la empatía, la responsabilidad y el cuidado hacia los animales.
Porque una ley castiga al responsable después del daño. Una política pública busca que ese daño nunca ocurra.
Educar sobre el cuidado responsable, impulsar programas permanentes que integren castración y educación, promover el respeto por los animales desde edades tempranas y facilitar el acceso a estos servicios no son acciones secundarias: son la forma de prevenir abandono, negligencia, maltrato y violencia.
Cuando una víctima ya sufrió y murió, no hay castigo que pueda devolverle la vida.
Por eso sí: que se aplique la ley y se sancione a los responsables. Pero también exijamos algo igual de importante: que nuestros gobiernos dejen de actuar únicamente cuando la tragedia ya sucedió y construyan políticas públicas que formen ciudadanos más empáticos y responsables.
La mejor justicia será siempre aquella que logre que existan menos Rockys en el futuro.